El Proyecto del Senado 1 (PS 1) legaliza el discrimen. Bajo el pretexto de proteger creencias religiosas, permite que servidores públicos se nieguen a hacer su trabajo (“actuar”), sin importar cuan esencial sean sus funciones para proteger la vida de otras personas.
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También, autoriza a empleados(as) públicos a rechazar realizar “cualquier acto externo que sea motivado por una creencia religiosa”. La ley no define cuáles son los “actos externos” que un empleado público puede rechazar hacer, por lo que son conceptos excesivamente amplios y sin excepciones sobre actos que violenten la intimidad y la dignidad de los seres humanos.
El PS 1 permite que empleados(as) públicos se nieguen a atender a personas que necesitan servicios de salud, incluso en peligro de muerte. Permite que policías se nieguen a radicar querellas o a investigar; permite que se nieguen servicios de agencias como el Departamento de Recursos Naturales, los tribunales, el Registro Demográfico, el CESCO, ante el Departamento del Trabajo, Departamento de la Familia, y así distintas procuradurías, por cualquier persona que alegue que actúa por una creencia religiosa.
Este panorama es inaceptable. Sobre todo en Puerto Rico, donde el gobierno ha despedido decenas de miles de empleadas y empleados públicos y ha implementado políticas que han desprovisto a las agencias de su personal y, por tanto, el acceso a los servicios es cada vez menor.
Esta medida será atendida por el Senado de Puerto Rico hoy, jueves, a las 11:00am, en la Sesión Legislativa. Decenas de organizaciones que integran la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, que incluye pastores, reverendas y otros líderes religiosos, están exhortando a la ciudadanía a que acudan al hemiciclo del Senado en rechazo del PS 1. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se ha manifestado en contra de la medida porque no existe razón que la justifique debido a que “la libertad religiosa ha sido un principio incuestionable que está protegido por nuestra Constitución”. Nos unimos al reclamo de estos diversos sectores para que la gobernadora Jenniffer González no convierta en ley el PS 1.