El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un memorando que ordena a todas las agencias federales implementar la Orden Ejecutiva 14,224, firmada por el presidente Donald Trump en marzo de este año, que establece el inglés como el idioma oficial del gobierno federal y elimina gran parte de los servicios multilingües provistos en décadas recientes.
La directriz, firmada por la procuradora general el pasado 14 de julio, instruye a las agencias a suspender o eliminar progresivamente traducciones de formularios, materiales educativos y páginas web en idiomas distintos al inglés, excepto cuando lo exija expresamente la ley.
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“El inglés une a los estadounidenses más allá de sus diferencias”, reza el documento. “Esta iniciativa no es un regreso al pasado, sino una estrategia para avanzar hacia una integración social y económica más efectiva”, agrega.
Reverso de política de acceso lingüístico
Con esta orden, el gobierno federal revoca formalmente la Orden Ejecutiva 13,166, firmada en el año 2000, que promovía el acceso equitativo a programas federales para personas con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés). Esa política fue reforzada durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, bajo el argumento de que la falta de servicios en otros idiomas podía constituir discriminación por origen nacional.
Ahora, el Departamento de Justicia sostiene que el idioma, por sí solo, no es una categoría protegida como la raza o el origen nacional, y que exigir servicios solo en inglés no representa una violación constitucional ni del Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
¿Qué implicará el cambio?
Entre las medidas inmediatas se incluyen:
- Rescisión de toda guía previa sobre asistencia lingüística para personas con LEP.
- Inventario y eliminación de servicios multilingües “no esenciales”.
- Suspensión temporal del portal LEP.gov y todo su contenido educativo.
- Emisión de una nueva guía federal en un plazo de 180 días, limitando el uso de otros idiomas a circunstancias “específicamente requeridas por ley”.
Las agencias podrán seguir proveyendo materiales traducidos si son esenciales para su misión, pero deberán incluir una nota indicando que la versión oficial de toda información es la redactada en inglés.
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¿Y Puerto Rico?
Aunque la orden no menciona territorios específicamente, el cambio podría tener repercusiones en jurisdicciones donde el inglés no es el idioma principal, como Puerto Rico. En la isla, múltiples dependencias federales —como el Seguro Social, FEMA y el Departamento de Educación federal— han provisto tradicionalmente servicios en español.
La política también podría impactar cómo se comunican futuras alertas de emergencia, procesos de solicitudes o documentación de programas federales dirigidos a ciudadanos puertorriqueños.
La nueva guía aún está en etapa preliminar, y el Departamento de Justicia aceptará comentarios públicos durante los próximos 30 días una vez sea publicada la versión final del reglamento.
