La gobernadora Jenniffer González Colón tildó de “excusas” las alegaciones que sometieron los abogados de Physician Correctional en una demanda contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) por el intento de cancelación de su contrato.
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La demanda calificó el intento de cancelación como una represalia político partidista porque el secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, supuestamente favorecía al contrincante de González Colón en la primaria, el exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Los abogados también alegaron que el Departamento no cumplió con requisitos contractuales para rescindir el acuerdo, notificación formal de incumplimiento ni oportunidad para corregirlo, según dispone el artículo 21 del contrato.
“Ese es su alegato, esas son sus excusas. Sus excusas para soltar a alguien que no debía estar en la libre comunidad (Hermes Ávila)”, contestó González Colón a preguntas de Metro Puerto Rico en una conferencia de prensa en la que anunció una ley para abrir espacios laborales a confinados en el sector privado, en industrias de agricultura, reciclaje y construcción, mientras cumplen su condena.
La gobernadora añadió que el contrato de Physician Correctional y el caso de Hermes Ávila Vázquez, convicto de asesinar a Ivette Joan Meléndez tras ser excarcelado por una presunta condición médica terminal, fueron eje de discusión en debates, foros y medios de comunicación mientras corría para el cargo que ostenta.
“En aquel momento dije que claro que se tenía que cancelar. El secretario (Francisco Quiñones) hizo todas las averiguaciones y constató lo que, él entiende, da margen a una cancelación. Es muy natural que estas compañías busquen litigar los casos en los medios y busquen crear controversias públicas. En el tribunal se resolverá. Cualquier cosa que añadamos no va a hacer que la vida de la mujer asesinada regrese a la vida”, sostuvo.
Aunque se alega la motivación política, Quiñones Rivera, quien pareció desconocer ese dato, comentó que no pertenecía al grupo de González Colón, quien “lo único que le pidió” fue la rehabilitación.
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“Me dio el espacio —seis meses— para analizar el asunto, no solo, [sino] con un grupo de trabajo dentro de la agencia y un grupo externo. Cuando yo estuve convencido al 100 por ciento de hacer lo correcto en este asunto, puse mi firma en ese papel”.
El también demandado por Physician Correctional dijo que la cancelación es meramente para buscar los mejores servicios de salud para la población que atiende. Informó que al menos 11 compañías asistieron a una orientación que brindó el DCR, en la que visitaron áreas médicas y el Centro Médico Correccional.
“Pudieran aparecer más o pudieran aparecer menos”, dijo sobre las propuestas que se sometan para asumir el rol de velar por la salud de los confinados.
El período para entregar propuestas vence el próximo domingo, 20 de julio, y prevé que la demanda no dilate el proceso de cancelación y eventual sustitución.
Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.
