El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRD), Francisco Antonio Quiñones Rivera aseguró el miércoles que a pesar del reclamo judicial de Physician Correctional por la cancelación de su contrato, el proceso para buscar un nuevo operador del sistema de salud de los confinados.
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“Nosotros no nos detenemos, no podemos descansar buscando lo mejor para la población correccional, sea en el tema de salud, sea en el tema de alimentos, sea en el tema de rehabilitación, así que nosotros no vamos a descansar, seguimos para adelante”, dijo el secretario en conferencia de prensa.
Hasta el momento, 11 empresas han mostrado interés en participar. El proceso cierra el 20 de julio.
Sobre los alegatos de los abogados de Physician Correctional, Frank Torres Viada y José Antonio Andreu Fuentes de que el motivo principal de la cancelación del contrato es por el apoyo de los dueños de la empresa al exgobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, el secretario contesto “¿En serio?”
“Yo le voy a decir más. Este servidor no estaba en el grupo de la gobernadora Jenniffer González. Ese es un asunto mio y lo comparto. Y la gobernadora me llamó y lo único que me pidió desde el primer día fue rehabilitación, rehabilitación y rehabilitación, y me dio el espacio 6 meses para yo analizar el asunto, no solo con un grupo de trabajo dentro de la agencia y un grupo externo. Y cuando yo estuve convencido al 100 por ciento de hacer lo correcto en este asunto, como lo voy a hacer en todos los temas, puse mi firma en ese papel. Yo llevo 29 años en el gobierno, como empleado público, y la firma que está ahí es la mía, y yo respondo por lo que puse ahí”, expresó.
“Lo primero que he sido bien claro que aquí no ha habido ninguna presión, que la señora gobernadora me dio el espacio, no hubo ninguna presión de nadie, ni de la señora gobernadora, ni del presidente del Senado, ni del presidente de la Cámara, de nadie en lo absoluto, ninguna presión”, añadió.
Sobre el particular, la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón sostuvo que “eso fue materia de discusión y debates a la gobernación. Y quiero recordarlo porque no podemos olvidarnos de eso ahora, y en aquel momento yo dije que claro que se tiene que cancelar, Pero eso no ocurrió en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio. El secretario hizo todas las averiguaciones y consta todo lo que él entiende, da margen a una cancelación. Así que yo creo que es muy natural que estas compañías busquen litigar estos casos en los medios y busquen crear controversias públicas. Y ellos dicen que van al tribunal, en el tribunal se resolverá”.
