La exrepresentante Mariana Nogales Molinelli y un grupo de activistas ambientalistas denunciaron públicamente la realización de vuelos sobre varias zonas de Puerto Rico, supuestamente para estudios de localización de minerales, metales y tierras raras.
Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desde 2023 se realizan estudios de exploración aérea con el objetivo de analizar fallas geológicas tras los sismos que afectaron el sur de la isla. No obstante, estos vuelos también sirven para crear un catálogo de minerales presentes en el archipiélago.
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Aunque actualmente no hay vuelos activos por parte del USGS, Nogales Molinelli aseguró que, según investigaciones propias y de otros activistas, una empresa privada identificada como TM Aero LLC ha continuado realizando sobrevuelos.
“Esta información no ha sido compartida oficialmente, o al menos no se ha hecho de forma transparente. En 2023, cuando preguntamos qué otras oficinas del gobierno habían solicitado esos datos, nos dijeron que la única solicitud fue la que hice como representante”, expresó Nogales Molinelli durante una conferencia de prensa.
“Me sorprendió mucho. ¿Cómo es posible que se estén haciendo este tipo de estudios y el gobierno no esté al tanto? O, si lo está, el Servicio Geológico no lo ha admitido públicamente”, añadió.
Entre las áreas donde se han identificado posibles estudios se encuentran regiones con antecedentes o potencial de extracción de minerales. En Utuado, Adjuntas y Lares hay reportes de depósitos de oro, plata y molibdeno. Entre Moca y Corozal se han estudiado rocas calizas con potencial de contener bauxita y minerales raros. También se ha señalado la zona que abarca Mayagüez, Las Marías, Hormigueros, San Germán, Maricao, Sabana Grande, Lajas y Cabo Rojo, donde podría haber presencia de níquel, cobalto, cromo e hierro. Otras regiones bajo observación incluyen los valles costaneros del norte —desde Camuy hasta Fajardo— y el sur, entre Ponce y Ceiba, así como el Monte La Tiza entre Comerío y Aguas Buenas, y la Sierra Bermeja, en el suroeste.
El químico y científico ambiental Neftalí García expresó preocupación por la posibilidad de que estos estudios desemboquen en minería a cielo abierto, práctica que está prohibida por la Ley de Minas de Puerto Rico desde una enmienda en 1995.
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“Este tipo de minería implica remover vegetación, suelo y subsuelo que no contiene suficiente mineral útil, lo que genera cráteres gigantescos. En un entorno tropical y montañoso como el nuestro, eso puede causar contaminación de aguas superficiales, además de ruido y dispersión de polvo”, explicó García.
Al ser cuestionado por Metro Puerto Rico sobre si estos estudios podrían vincularse con una posible intención de convertir a Puerto Rico en una central de distribución de gasoductos para Estados Unidos, García sostuvo que esa posibilidad “no se ha descartado”.
“Nunca se ha abandonado la idea de buscar hidrocarburos en Puerto Rico. Desde la administración de Jimmy Carter en los años 70 se discute el tema de las energías renovables, pero los intereses petroleros, carboneros y gasíferos tienen un peso enorme. Esos intereses están influyendo en lo que se plantea hoy en la isla”, manifestó.
A pesar de las denuncias, los ambientalistas afirmaron que no han compartido los hallazgos con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), aunque el USGS les confirmó que los datos están disponibles para cualquier persona interesada.
Finalmente, el ecólogo Ariel Lugo subrayó que los recursos naturales del país son patrimonio colectivo.
“Nadie es dueño del agua, los minerales, la zona marítimo terrestre ni la vida silvestre. Todos esos recursos le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Cuando hay controversias, es porque hay quienes intentan apropiarse de ellos”, concluyó.